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20 mayo 2019

El retorno de la autonomía individual

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El autor estadounidense Steven Pinker hizo un apasionado elogio de los valores de la Ilustración en una conferencia reciente en Ateneo de Madrid. No es habitual escuchar de forma tan contundente defender la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso humano. Pinker justificó con datos el progreso que ha tenido lugar en el mundo desde la primera revolución industrial del SXVIII y, especialmente, en las últimas décadas tras la II Guerra Mundial. Nos abrumó con datos sobre la reducción de la pobreza (reducción de la extrema pobreza del 90% a principios del S XX al 10% actual), el aumento de la esperanza de vida (de apenas 30 años en el S XVIII hasta los casi 70 actuales), etc…

La conclusión era evidente: gracias al avance de la razón humana, conseguimos ser más tolerantes y dialogantes, habíamos consolidado un sistema democrático de libertades y facilitado el desarrollo tecnológico; y todo ello, había conducido a un aumento del bienestar sin precedentes en una parte significativa del mundo.

La pérdida de la autonomía individual

Sin embargo, si echamos un vistazo a los medios de comunicación y al modo de hacer política actual, no parece que la tolerancia o el diálogo racional sean la norma en la discusión pública. Aunque prácticamente nadie niega las bondades de la extensión de la tecnología, parece que retrocedemos en nuestra capacidad de diálogo y de consensuar. Y es que, como nos muestra la historia, la mejora de la condiciones de vida no presupone un avance en la calidad de las relaciones humanas. La Europa de la primera mitad del S XX era el lugar donde el progreso técnico y el bienestar material estaban más desarrollados y no por ello fue capaz de evitar dos guerras mundiales devastadoras. La ética y la política, entendidas como los modos de actuar nosotros mismos e interactuar con los demás, nunca están a salvo de derivar en credos dogmáticos y excluyentes que llevan inevitablemente al enfrentamiento.

Imagen: Photo by Jørgen Håland on Unsplash

Como en muchos otros problemas complejos, habrá más de una causa de la disminución de nuestra capacidad de diálogo, pero creo que hay una que suele pasar desapercibida: la pérdida de la autonomía individual. Dicha pérdida contribuye decisivamente a que muchas personas abracen soluciones basadas en diversas formas de populismo o nacionalismo que colocan al “grupo” por encima del individuo, ya sea la nación, la raza, el género, la religión, o la mera adscripción a cualquier otra etiqueta política o social como la derecha, la izquierda o la casta. Dicho de otro modo, el individuo se somete a la cultura y creencias de su grupo, limitando su capacidad crítica y de elección. Sus consecuencias no sólo suponen la pérdida de la autonomía o la libertad individual, sino que son un peligro para la convivencia en las sociedades democráticas actuales. Pero retrocedamos en el tiempo para mejor entender esta idea. Hay dos momentos históricos que contribuyeron decisivamente a hacer posible un modelo democrático de convivencia: la aparición del contrato social y la conceptualización de la universalidad de la razón humana.

Un contrato social 3.0

Durante el S XVII y el S XVIII, autores como Hobbes, Locke o Rousseau habían desarrollado la teoría del pacto o contrato social. Dicha teoría surge a causa de las brutales guerras civiles que azotaban Europa, especialmente las guerras de religión entre católicos y protestantes. La angustia por la supervivencia se hizo insoportable. Partiendo de la premisa de que todas las personas son libres por naturaleza, la solución fue renunciar a una porción de libertad individual y colocar en un segundo plano su identidad. Esta doble renuncia se hacía con el consentimiento de todos a favor de un poder soberano que, mediante leyes, garantizase la seguridad en un territorio. De este modo, las personas se convertían en ciudadanos de un estado y estaban obligados al cumplimiento de la ley, independientemente de su clase, raza, religión, lengua u otra seña de identidad.

En el marco de este pacto, las personas conservaban su libertad para decidir cómo organizar su vida y el poder soberano no interfería en su actividad privada, tan solo controlaba el uso de la fuerza y garantizaba el cumplimiento de los contratos establecidos por la ley. La soberanía residía en el pueblo y las leyes eran la expresión de esa soberanía. Las leyes se elaboraban por los representantes políticos elegidos al efecto, o sea, el pueblo era el legislador y todos se comprometían al cumplimiento de la ley. Así, los valores, la moral, la religión y la identidad quedaban sometidas a la ley y se remitían al ámbito privado que esa misma ley debía proteger.

No sería hasta finales del S XVIII, cuando Kant definió con mayor precisión el concepto de autonomía individual y universalidad del género humano. La idea de un género humano universal tenía como precedentes al estoicismo y principalmente al cristianismo, pero fue Kant quien, al investigar el modo de conocer humano, concluyó que la razón humana es universal y es lo que nos hace humanos a todos por igual. La raza, la religión, la lengua y cualesquiera otros atributos sólo son formas de agrupar a los individuos arbitrariamente, tienen un fuerte carácter cultural que varía a lo largo del tiempo y el espacio; la razón humana no está sometida a la historicidad de las categorías anteriores.

Photo by John Cameron on Unsplash

Algunos años después, Kant postuló en su Fundamentación para una metafísica de las costumbres: “la autonomía es el fundamento de la dignidad de la naturaleza humana y de toda naturaleza racional”. Es decir, reconoce que todo ser humano tiene capacidad para guiarse por el uso de la razón, decidir individualmente qué es lo mejor para sí mismo y qué proponer al resto de la humanidad. Además, otorga a las personas un valor absoluto e incondicionado al afirmar: “obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio”. De este modo, el individuo queda situado por encima de cualquier grupo, colectivo o identidad (nación, raza, sexo, clase social,…). La universalidad del género humano y el valor absoluto de la vida humana son las condiciones de posibilidad de convivencia en las modernas democracias liberales.

El individuo y la responsabilidad/decisión colectiva

Esta concepción de la autonomía individual considera sujeto de derecho al individuo, no a un colectivo de personas en abstracto. Si una persona comete un crimen no es juzgado por pertenecer a una raza o hablar una lengua, sino que se le juzga por el acto realizado, nunca por su pertenencia a un determinado grupo social. La responsabilidad penal es estrictamente individual.

Sin duda, todos necesitamos conformar nuestra propia identidad y es absolutamente razonable que acudamos a la cultura, los valores y las costumbres del lugar donde hemos nacido o nos hemos educado. Pero ser persona supone la capacidad de superar las convenciones de nuestro entorno y evaluarlas críticamente. Además, la identidad y nuestros valores, van cambiando a lo largo de la vida a causa de nuestras experiencias vitales, no creemos en lo mismo hoy que hace veinte años.

Esta concepción de la autonomía individual necesitó de los siglos XIX y XX para hacerse efectiva en los ordenamientos legales, y aún en el S XXI queda mucho por hacer. Asuntos tales como la igualdad plena en la participación política y económica, la libertad de expresión o la educación universal continúan siendo críticos para el desarrollo de la autonomía y la libertad individual. No basta con proclamar la igualdad de derechos y redactar una ley, es necesario trabajar en su implantación efectiva.

Pero hoy en día, a pesar de la evidencia empírica del progreso material, parece que retornamos al S XVII en lo que se refiere a las relaciones políticas. Volvemos a considerar nuestra identidad como la referencia política clave, preferimos definirnos por nuestra nacionalidad, lengua, religión, sexo o grupo político, antes que por ciudadanos que conviven bajo el imperio de una ley común.

Photo by ev on Unsplash

Cada individuo es libre de elegir el código moral, configurar su propia identidad y pensar que sus ideas son las verdaderas. Esta elección es un derecho inalienable de cualquier persona. Sin embargo, cuando alguien pretende imponer como verdad absoluta su moral o su identidad, en vez de considerar al otro como alguien que tiene opiniones diferentes igualmente respetables a las mías, juzgo que está equivocado o es un malvado y, por tanto, debe ser corregido. Esta pretensión, no solo atenta contra la libertad de conciencia del otro, sino que además pone en peligro los pilares de la convivencia. Este es el peligro de los llamados reformadores sociales o, simplemente, fanáticos o totalitarios, que se empeñan en forzar a los demás a adoptar su verdad por el bien de todos los individuos de una comunidad o por motivos estrictamente egoístas, anulando de ese modo la capacidad crítica del individuo y forzando a los que están fuera del grupo a aceptar sus creencias porque son la verdad.

Pretender imponer mi verdad por encima de cualquier otra supone situarse por encima de las leyes y del marco institucional que hayamos establecido, nos aboca al enfrentamiento, a la supresión de la pluralidad, a la ruptura del contrato social y del modelo de gobierno basado en la democracia liberal. Es el fin de la pluralidad y el ascenso del dogmatismo, la identidad irreductible nos lleva a ser incapaces de cuestionar nuestras propias creencias y a reconocer que el otro puede tener argumentos mejores que los míos.

En el ámbito privado, todos tenemos libertad para pensar lo que queramos y actuar en consecuencia, pero en los asuntos públicos debemos actuar en el marco definido por las leyes y respetar la libertad de conciencia del resto. Y si una ley es considerada injusta o inútil, deberá ser derogada o reemplazada dentro de los reglas previamente establecidas.

Conclusión

Si queremos mantener el espacio de convivencia y de progreso inspirado por los valores ilustrados de la razón, la ciencia y el humanismo, como propone Steven Pinker, debemos apuntalar la autonomía personal y volver a poner a las personas por encima de cualquier grupo indentitario. Solo asumiendo la pluralidad de posiciones morales, valores e ideologías podemos mantener la convivencia y los límites que dicha pluralidad impone: el respeto a la dignidad de todo ser humano por el mero hecho de serlo y el respeto a la ley como expresión de la voluntad de todos. La tecnología y el progreso no establecen la finalidad de la vida humana, ésta es responsabilidad de la ética y, por tanto, del diálogo entre individuos. Y como afirmó Antonio Machado en su gran Juan de Mairena (1936):

Recordad el proverbio de Castilla: «Nadie es más que nadie». Esto quiere decir cuánto es difícil aventajarse a todos, porque, por mucho que un hombre valga, nunca tendrá valor más alto que el de ser hombre”.

José Martín Huelves

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