El pasado 20 de marzo, Juan Pablo Bohoslavsky (experto independiente de la ONU sobre el impacto de la deuda externa y los derechos humanos) afirmaba, con relación al Covid-19, que “la crisis es una oportunidad para reflexionar y revertir la ideología de acuerdo a la cual el crecimiento económico es el único camino para avanzar”. Parece que la Historia nos convocara ante un nuevo hito desde el que repensar la idoneidad de las respuestas que se dieron a la crisis financiera de 2008 y que tuvieron como consecuencia, entre otras, la gradual privatización de los servicios públicos esenciales y la general precarización de las condiciones de vida para millones de personas en el mundo.
El debate sobre la reconstrucción del mundo post-Covid-19 es urgente. ¿Cuáles son los escenarios posibles y qué acciones deberían priorizarse? Junto con medidas claramente progresistas y pioneras, como el acertado “ingreso básico universal de emergencia” que desarrollará el Gobierno de España, también deberían considerarse otras actuaciones fundamentales. Entre ellas es necesario prever la emergencia de nuevos modelos de desigualdad, con especial incidencia en los ámbitos de la salud y de la educación, que son retos importantes para cualquier sociedad cuya aspiración principal de progreso sea la de garantizar la vida y la movilidad social frente al mero beneficio económico.
En el ámbito de la salud, para comprender el fuerte impacto de las políticas de privatización, es necesario atender a dos elementos fundamentales: la introducción de cuotas o copagos y la falta de financiación pública en sanidad. En primer lugar, la introducción de pagos directos que el paciente debe realizar en el momento en el que hace uso de los servicios sanitarios ha tenido un impacto desmesurado en personas y colectivos socioeconómicamente desfavorecidos. En el contexto de la actual crisis, hemos visto cómo el alto coste del acceso a la atención sanitaria supone una barrera para la realización de tests, tratamientos y hospitalización en muchos países. En segundo lugar, la crisis de 2008 se tradujo, en numerosas geografías, en un desmantelamiento de lo público y en una reducción drástica de los presupuestos destinados a los sistemas sanitarios. La crisis del coronavirus ha revelado la carencia de recursos médicos (personal sanitario, equipos de protección, respiradores, camas en unidades de cuidados intensivos), lo que pone en evidencia la necesidad de sistemas sanitarios financieramente robustos.
Ahora que el Covid-19 nos sitúa a las puertas de una nueva crisis financiera, se ha de tomar una decisión de trascendencia. ¿Qué modelo de sistema sanitario queremos implantar o afianzar y desarrollar? De seguir la tendencia actual, un primer escenario quedaría marcado por la continuidad de las medidas adoptadas en el pasado, privatizando e infra-financiando los sistemas de salud, con las consecuencias en términos de desigualdad que ha puesto de manifiesto la actual pandemia. En el escenario opuesto se tomaría la crisis como una oportunidad para poner en práctica las lecciones aprendidas y garantizar sistemas sanitarios de calidad accesibles para todos —especialmente para los más vulnerables en la sociedad—, adecuadamente financiados y en los que se garanticen y protejan las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.
También en el ámbito de la educación la crisis del Covid-19 ha visibilizado los desajustes y las consecuencias de la devaluación que han sufrido muchos sistemas de educación pública. El traslado de las actividades educativas a la enseñanza online ha puesto de manifiesto la existencia de desigualdades estructurales educativas muy importantes, no sólo en lo que se refiere al acceso material de las nuevas tecnologías (contar con un dispositivo portátil y un acceso a Internet de calidad), sino que además ha revelado la desigual preparación y el escaso uso experto de metodologías y tecnologías activas que refuercen los procesos cognitivos de aprendizaje. En este caso, el empobrecimiento cognitivo y la dificultad de su acceso aboca a que los estudiantes sufran un nuevo tipo de “desigualdad cognitiva” que, tal y como explicaba recientemente David de Miguel (Director de Intervención Social de Cruz Roja de la CAM), conlleva que “mucha gente se va a quedar atrás… Va a haber alumnos que van a empezar el siguiente curso con mucha diferencia de preparación con respecto a otros compañeros”.
Por consiguiente, la crisis del Covid-19 ha apresurado la necesidad de un cambio de paradigma en la Educación, porque las primeras repercusiones del presente empiezan a avizorar las de su futuro impacto negativo en la construcción del tejido social, en la democratización del conocimiento y las posibilidades para garantizar la movilidad social. Por tanto, también en este ámbito, los gobiernos deberán analizar cómo las políticas de recortes en la financiación de los sistemas públicos educativos han contribuido a ahondar la brecha tecnológica y cognitiva para concluir qué es prioritario modificar y modernizar, y en qué invertir, para subsanar un modelo educativo con escasa capacidad de adaptación y de respuesta ante los desafíos que enfrenta.
La reconstrucción social en el contexto del post-Covid-19 debe pasar por la aplicación de los más altos estándares pre-establecidos y definidos desde el marco de los principios universales de los Derechos Humanos, sobre todo en lo que se refiere a las garantías de acceso a derechos fundamentales como la sanidad y la educación. De acuerdo con la consideración de Bohoslavsky de que “La mejor respuesta frente a una potencial catástrofe económica y social provocada por la crisis del Covid-19 es poner las finanzas al servicio de los derechos humanos y apoyar a las personas de menores recursos a través de enfoques financieros audaces”, es preciso diseñar instrumentos para el nuevo mundo que se vislumbra tras esta crisis sanitaria mundial. En el ámbito de la salud es necesario garantizar el acceso universal a los servicios sanitarios, asequibles y de calidad. En el contexto educativo se deben potenciar aquellas tecnologías educativas que permitan un acceso al conocimiento en igualdad de oportunidades. No deberíamos dejar pasar esta segunda encrucijada que nos brinda la Historia.
Después de la crisis financiera de 2008, ya atisbamos lo que una respuesta neoliberal a esta crisis conllevará para la mayoría de la ciudadanía. Es el momento de anteponer el derecho a la salud pública y a la equidad cognitiva frente al derecho económico privado para superar esta tragedia con una oportunidad de justicia social.
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