Por Dan Schiller
Pese a años de retórica sobre las virtudes del libre mercado, el Gobierno de los Estados Unidos ha sido la fuerza más importante detrás de la estructuración de internet. No se trata únicamente de que fueran contratos del ejército de Estados Unidos los que garantizaran la inversión y el desarrollo en que se basa la tecnología de internet o que Estados Unidos elaborase políticas que permitieron privatizar las redes principales de internet (Abbate, 1999). El Gobierno de Estados Unidos también desempeñó un papel crucial en la migración de la actividad comercial publicidad, marketing y comercio electrónico a internet durante la década de 1990. Como demuestra Matthew Crain (2013), la estrecha colaboración entre altos cargos de la Administración de Clinton y empresarios de Estados Unidos hizo posible la asimilación de la web por parte del sistema comercial de marketing y medios. La instalación de estructuras de escasa privacidad facilitó la introducción y el amplio desarrollo de innovaciones técnicas —las cookies— que permitían a las empresas hacer un seguimiento de los consumidores que navegaban por la red. De este modo y a consecuencia de unas políticas premeditadas, internet se transformó en un «motor de vigilancia», como más tarde lo denominaría Julian Assange, de Wikileaks (2012). La participación activa del Gobierno de Estados Unidos hizo posible que las empresas incorporaran internet a su actividad comercial de una manera tan exhaustiva.
Además, Estados Unidos estableció internet como un sistema extraterritorial cuyo centro era el propio Estados Unidos. Mediante negociaciones destinadas, como mínimo, a facilitar acuerdos de intercambio de tráfico de datos entre organizaciones que operaban en diferentes países y asegurándose de que las agencias encargadas de gestionar recursos críticos de internet (identificadores únicos, incluidos números de sistema autónomo, nombres genéricos, dominios y direcciones de internet) rindieran cuentas solo ante su ejecutivo, el Gobierno de Estados Unidos ayudó a establecer un internet centralizado dentro de sus fronteras territoriales.
El poder de Estados Unidos sobre internet no solo es total, también opaco. Desde un punto de vista formal este poder se expresa por medio de contratos legales que vinculan a un contratista sin ánimo de lucro, una empresa de California llamada ICANN (y también una oscura empresa estadounidense con ánimo de lucro llamada VeriSign, que no solo gestiona la franquicia punto com sino también las funciones del vital sistema de direcciones de internet) con el Departamento de Comercio. En un intento por quitar importancia a su relación estructural con los poderes de la Administración de Estados Unidos, ICANN ha divulgado a los cuatro vientos su «modelo de responsabilidad compartida múltiple». Este modelo confiere la representación formal, además de al Gobierno, a empresas y grupos de la sociedad civil, pero manteniendo el control real de internet fuera del alcance de las instituciones multilaterales. Una fachada similar oscurece las actividades de la Fuerza de Tareas de Ingeniería de Internet (Internet Engineering Task Force, IETF), una organización independiente encargada de desarrollar arquitecturas de internet e ingeniería de sistemas que no tiene ninguna dependencia formal de las autoridades de Estados Unidos. Las operaciones de la IETF se parapetan tras el argumento ideológico de la neutralidad de la tecnocracia, supuestamente no sujeta a intereses estatales ni corporativos. Sin embargo, en su plantilla hay un número desproporcionado de empleados de empresas y agencias estatales de Estados Unidos. ¿Puede ser mera casualidad que, según datos de 2007, el 71% de los 120 grupos de trabajo especializados, cuya tarea es mejorar la tecnología de internet, esté presidido por estadounidenses, mientras que los representantes de países en vías de desarrollo constituyen un mero 6% del total? ¿Y que casi cuatro quintas partes de estos expertos fueran contratados por empresas privadas, como Cisco Systems? (Mathiason, 2008)3 Milton Mueller (2010: 240) resume la situación diciendo que la coordinación y el control del actual internet extraterritorial constituyen un elemento más del «globalismo unilateral» ejercido por un único superestado: Estados Unidos.
El Gobierno estadounidense ha seguido considerando que su situación privilegiada en el ciberespacio es una piedra angular de su diplomacia económica
Incluso cuando se institucionalizó durante la década de 1990, esta anomalía suscitó debate político. Algunos estados, entre los que destacaron Brasil y China, presionaron para alterar las condiciones existentes. Unos afirmaban que la estructura de costes, las características técnicas y la gestión de internet les impedían ejercer su propia autoridad jurisdiccional sobre su espacio nacional políticoeconómico y cultural. Otros sostenían que la prioridad de Estados Unidos en el internet extraterritorial dificultaba e incluso excluía la participación de intereses no estadounidenses en los beneficios de la que se había convertido en umbral decisivo de crecimiento económico. La entrada en escena del poder unilateral de Estados Unidos se interpretaba como una falta de respeto a los tratados internacionales en el ámbito del gobierno global de internet. El conflicto estaba latente y de vez en cuando subía de tono. En la cumbre mundial sobre la Sociedad de la Información entre 2003 y 2005, el descontento se materializó en iniciativas concretas, que acabaron estrellándose contra la recalcitrante actitud de Estados Unidos.
El Gobierno estadounidense ha seguido considerando que su situación privilegiada en el ciberespacio es una piedra angular de su diplomacia económica. Resistiéndose a todo intento de trasladar la supervisión y la gestión de internet a organizaciones multilaterales, Estados Unidos no ha tolerado más que meros cambios cosméticos en el sistema existente. Paralelamente, sus autoridades han hecho campaña para defender y, a ser posible, ampliar la ya masiva explotación de flujos de datos transnacionales (transnational data flows, TDF) por parte de empresas estadounidenses.
Lee más sobre este asunto en el artículo de Dan Schiller ‘Internet y los negocios’
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