‘El terrorismo es el moderno azote internacional’, ha comentado el Presidente del Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales. Nadie podría estar en desacuerdo. La larga lista de acciones terroristas en todo el mundo ha provocado carnicerías indiscriminadas, miseria y temor. Y nadie duda de que habrá más. Una de las principales responsabilidades de los gobiernos es proteger a sus ciudadanos. Evitar, investigar y perseguir el terrorismo es la principal, o una de las principales, prioridades de las autoridades. Si todos están de acuerdo, ¿por qué no es posible convenir una definición de terrorismo?
Existen numerosos acuerdos internacionales acerca del terrorismo, y unos catorce convenios antiterrorismo de la ONU o del Consejo de Europa… pero no existe una definición globalmente aceptada de terrorismo. Cada Estado debe crear, y crea, su propia definición.
La primera dificultad consiste en calibrar una definición con el grado de exactitud adecuado para que criminalice a ‘los malos’, pero no a ‘los buenos’. El problema es que ‘los buenos’ y ‘los malos’ suelen hacer lo mismo. El conocido dicho de que ‘el luchador por la libertad de uno es el terrorista del otro’ se aplica perfectamente a nuestro caso. La historia está llena de personas que se alzaron en armas contra monarcas y gobiernos, que lucharon contra la opresión colonial o la esclavitud del invasor, que fueron tachadas de terroristas pero que hoy son recordadas como “libertadores”, héroes o mártires. Entre los actuales estadistas internacionales encontramos varios que en el pasado fueron considerados ‘terroristas’. La Declaración de Independencia de Estados Unidos (1776) reza que, “…cuando quiera que una forma de gobierno se vuelva destructora de estos principios, el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla, e instituir un nuevo gobierno”. El preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) reconoce a los ciudadanos el derecho de “recurrir al supremo recurso de la rebelión si hay una situación extrema de tiranía u opresión”. ¿Son estos documentos ‘terroristas’? En nuestros días, no hay más que echar un vistazo a la Primavera Árabe y a los acontecimientos de Egipto, Libia y Siria para ver cuán difícil resulta formular una definición precisa que sea válida para los rápidamente cambiantes conflictos geopolíticos.
El segundo interrogante es si la definición de terrorismo debería estar limitada a las acciones contra civiles o si se extiende a las fuerzas gubernamentales, en particular los militares. Casi no se discute que los ataques indiscriminados contra civiles como método para influir en pueblos o gobiernos son aborrecibles. El objetivo es, claramente, inspirar terror. La conclusión es menos clara cuando los ataques son contra representantes del Estado, como fuerzas armadas, internas o externas (como el caso de las fuerzas de la coalición en Irak o Afganistán). Muchos tratados internacionales no contemplan este tipo de ataques. Las definiciones de terrorismo de algunos países excluyen específicamente ataques contra objetivos militares.
El Tribunal Supremo del Reino Unido consideró estos temas. La definición británica de terrorismo es muy amplia: no solamente incluye graves actos de violencia, sino también importantes daños materiales y la creación de serios riesgos para la salud y la seguridad, o la intrusión en sistemas electrónicos. Estos actos se caracterizan como terroristas si su objetivo es influir en el gobierno o en un sector de la opinión pública para promover alguna causa política, religiosa, racial o ideológica. La legislación antiterrorista incluye acciones cometidas en el extranjero. No es necesario que el gobierno afectado sea democrático: basta con que sea una autoridad constituida. Es irrelevante si el público británico apoya a quienes emprenden acciones contra un gobierno. El Tribunal Supremo ha considerado si el Parlamento británico deseaba o no una definición tan amplia. La respuesta fue que sí. Se han elaborado diferentes fórmulas para verificar la definición, aunque no fue posible encontrar ninguna perfecta. Una medida de protección contra una acusación intimidatoria es el requisito de que sea avalada por el Fiscal General o el Director del Ministerio Fiscal (el responsable del servicio de acusación pública). En su dictamen, el Tribunal Supremo señaló una potencial contradicción: ‘A nivel de lenguaje corriente, parecería que la definición incluyese toda violencia o daño material si su intención fuese influir en un gobierno u organismo gubernamental internacional (OGI) para promover una muy amplia variedad de causas. Por consiguiente, parecería extenderse a actividades militares o cuasi militares orientadas a derrocar un gobierno extranjero, incluso si dichas actividades fuesen aprobadas (oficial o extraoficialmente) por el gobierno británico.
Como parte de nuestros argumentos ante el Tribunal Supremo, investigamos si otros estados consideraban los ataques contra objetivos militares como actos terroristas en caso de existencia de conflicto armado. Cuarenta y dos estados no excluyen situaciones de conflicto armado, cuatro las incluyen específicamente, y siete las excluyen expresamente. Un claro ejemplo de incapacidad de alcanzar un consenso.
¿Es importante esto? El problema es la incertidumbre para los grupos que emprenden acciones contra gobiernos. Si una persona me pregunta si su apoyo a una iniciativa para derrocar a un tirano opresor sería considerado ‘terrorista’, mi respuesta probablemente sería ‘sí’ en caso de que las acciones supusiesen grave violencia, importantes daños o cualquiera de los criterios anteriormente identificados. Aunque es poco probable que un cliente pueda ser imputado (en particular si su punto de vista es popular o compartido por la opinión pública), quedaría expuesto a las facultades de investigación antiterrorista británicas. Por ejemplo, el movimiento de sus fondos podría considerarse blanqueo de dinero terrorista, y atraería la atención de las instituciones financieras.
Podría llegar ser un problema irresoluble. Un autor, David Tucker, comentó: ‘sobre las puertas del infierno está escrita la advertencia de que todos los que entren deberían abandonar toda esperanza. Menos nefasta, aunque con los mismos efectos, es la advertencia a quienes intentan definir el terrorismo’. Por eso es que no podemos llegar a un acuerdo para definirlo.
Sean Larkin QC
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