Open Government, ¿utopía o realidad?

Uno de los grandes retos de las administraciones públicas en la actualidad es trabajar bajo la doctrina del Open Government o Gobierno Abierto. Dicha iniciativa facilitaría que la participación ciudadana y el acceso a la información de los organismos públicos fuera una realidad.

¿En qué consiste el Gobierno Abierto?

El Gobierno de los Estados Unidos, uno de los precursores de la iniciativa, publicó en febrero de 2009 un memorándum sobre la Transparencia y el Gobierno Abierto en el que calificaba a este como un sistema que permite asegurar la confianza pública, basándose en tres principios:

• Transparencia → facilitar al público el acceso a la información sobre las actividades y decisiones de las administraciones.
• Participación → promover la participación en la toma de medidas políticas.
• Colaboración → impulsar la cooperación entre los diferentes niveles de la administración, y entre estas y organizaciones sin ánimo de lucro, empresas y particulares del sector privado.

¿En qué estado se encuentra?

El índice de penetración del Gobierno Abierto es muy dispar en las distintas administraciones y aún no se ha universalizado. En líneas generales, aún queda mucho por hacer. A nivel mundial, en el año 2011 se creó la llamada ‘Alianza para el Gobierno Abierto’ (Open Government Partnership – OGP) que busca mejorar y poner en marcha acciones que lleven a su máxima expresión los tres principios del Gobierno Abierto, enunciados más arriba. Entre sus iniciativas se encuentran planes de acción nacionales y un Mecanismo Independiente de Evaluación, para chequear el avance de cada uno de los gobiernos implicados. En la actualidad, 60 países (entre ellos España, Brasil, Colombia, Argentina, Chile o Estados Unidos) participan en dicha alianza.

El avance del Gobierno Abierto es una realidad con la que ya se trabaja en distintas administraciones, en los niveles local, nacional e internacional. Sin embargo, aún no está todo lo extendido que sería deseable. Analicemos cuáles de las acciones llevadas a cabo hasta ahora hacen del Open Government una realidad, y cuáles lo convierten en una utopía de difícil aplicación.

Razones por las que ya es una realidad

El Gobierno Abierto no es solo una necesidad sino un deber. La demanda de información por parte de ciudadanos y medios requiere administraciones ágiles que faciliten acceso a los datos requeridos. Y para lograrlo hay que trabajar con un compromiso firme que permita su implantación a todos los niveles de la administración. Hay evidencias que nos indican que su avance ya es un hecho:

• La participación pública es el principio en el que más se está progresando en la actualidad. La llegada de las redes sociales (en el artículo ‘La importancia de las redes sociales en las Administraciones Públicas’ analizamos dicho tema al detalle) ha creado una corriente de opinión en torno a las acciones, medidas o leyes que los organismos públicos no pueden pasar por alto. El feedback con el ciudadano, la apertura de buzones de sugerencias, la emisión de información diaria, etc. son parte indispensable de la estrategia de la Administración en el ámbito digital. Por ejemplo, en Suiza, cuando los ciudadanos acuden a las urnas no solo votan para elegir a sus gobernantes sino sobre los impuestos, la abolición del ejército o la vacunación obligatoria.
• En cuanto a la colaboración, es una de las principales ventajas del Gobierno Abierto, puesto que facilita la cooperación entre los distintos niveles de la administración, y, también, favorece la interacción con otros agentes sociales, que pueden aportar mayor valor y transmisión de conocimientos. Como ejemplo, podemos remitirnos a las llamadas ‘Iniciativas Horizontales’ que se llevan a cabo en Canadá, que permiten que dos o más organizaciones trabajen de forma conjunta para alcanzar un logro común. La colaboración puede ser entre administraciones públicas (federales, locales, etc.), o entre estas y organizaciones del sector privado.
• Respecto a la transparencia, es el talón de Aquiles de las iniciativas de Open Government, y es, probablemente, una de las claves que determinarán su éxito o su fracaso. La realidad es que los gobiernos son reacios a compartir sus datos o su toma de decisiones con los ciudadanos. Podemos tomar como ejemplo la apertura de datos públicos (Open Data) de Data.Gov.UK, proyecto en fase beta del gobierno de Reino Unido que da acceso a información de organismos centrales o locales.

Motivos por los que es una utopía

A la hora de compartir conocimiento o información, siempre se establecen límites; especialmente si estamos hablando de cuestiones de Estado y Gobierno. Dejando a un lado aquellos aspectos referentes a la seguridad nacional, ¿quién establece los límites sobre qué se puede compartir y qué no? ¿Sería aconsejable que las administraciones tuviesen un decálogo donde se estableciese una línea común de actuación? Hay motivos para pensar que el Gobierno Abierto aún es una utopía:

• En cuanto a la participación, aunque la mayoría de administraciones ya tienen presencia en la web 2.0 y en las redes sociales, sería deseable que interactuasen con el ciudadano. En muchos casos hay perfiles públicos que se limitan a difundir información, olvidando que en la web la comunicación es horizontal, y el receptor de los mensajes no es un mero espectador pasivo de los mismos, sino que interpela y debate sobre el particular. La participación debe ser multidireccional y establecer una conversación con el público.
• La colaboración entre administraciones y entre estas y terceros no es una realidad. La excesiva burocracia, la dificultad para compartir datos entre organismos y la duplicidad de tareas similares son los primeros escollos que hay que solucionar para facilitar la cooperación entre administraciones públicas. La mentalidad de los organismos tiene que evolucionar hacia un sistema en que prime más el “sumar” a través de acciones conjuntas.
• Y, por último, reiteramos que la transparencia sigue siendo, hoy por hoy, el gran enemigo del Open Government. El miedo o el desconocimiento de los paradigmas y herramientas del Gobierno Abierto tienen que solventarse. ¿Quién decide qué se comparte? ¿Deben de estar todas las instituciones en las leyes de transparencia? ¿Puede negarse la administración a facilitar información a los ciudadanos?

Conclusiones

En definitiva, es indudable que la progresiva universalización del acceso a la red ha puesto al alcance de los ciudadanos información y herramientas para mejorar sus conocimientos; sin embargo, dicho acceso no ha tenido una correlación con la cantidad de información y datos públicos a los que el usuario puede acceder. Los gobiernos, al contrario que la sociedad,  están quedándose atrás a la hora de compartir conocimiento, crear debate en torno al mismo y facilitar el progreso democrático.

En los últimos años casos de grandes filtraciones de documentos públicos como los de WikiLeaks o la NSA (Caso Snowden), han puesto de manifiesto que la transparencia no es uno de los principios que rige a los Gobiernos. Dichos casos han ocasionado que el acceso a la información sea más complicado para ciudadanos y profesionales de los medios. Por ello, es el momento para que el debate sobre el Gobierno Abierto forme parte de la actualidad. A través de iniciativas ciudadanas, a través de comunidades que difundan conocimiento, e, indudablemente, mediante iniciativas parlamentarias que avancen en este campo. Que  el Gobierno Abierto se convierta en una realidad y no pase de ser una anécdota utópica es tarea de todos.

¿Crees que es posible lograr un Gobierno Abierto? ¿Existen límites para la transparencia? ¿Quién decide qué información se comparte? ¿Conoces más ejemplos de administraciones que hayan puesto en marcha iniciativas de Gobierno Abierto?

María L. Núñez

Periodista, Madrid (España)