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La actual crisis financiera y económica ha llevado a muchos expertos a sugerir que se acerca el fin de la globalización tal como la conocemos. Uno de los analistas más avezados, Dani Rodrik, de Harvard, llegó a plantearse en mayo de 2009 si nos dirigíamos hacia un mundo desglobalizado. Su respuesta fue que aunque exista cierto riesgo, no es necesariamente fatal. Los países que han fundamentado su crecimiento principalmente en préstamos del extranjero o en el boom de determinados bienes van por mal camino. Los primeros han vivido por encima de sus posibilidades, y ahora tienen que apretarse el cinturón, mientras que los segundos sufren los cambios cíclicos en los precios por no haber diversificado su economía cuando les iba bien. Por lo tanto, el impacto de la globalización y su desaceleración afecta a cada país de un modo diferente, dependiendo del modelo de crecimiento económico que hayan adoptado.

Rodrik argumenta, al igual que muchos otros expertos, que la condición previa para la superación de la crisis es la reducción de los desequilibrios macroeconómicos entre los países con superávit y los países con déficit, sobre todo China y Estados Unidos. Los chinos deben incrementar su gasto interno, y los norteamericanos, su ahorro. Por otro lado, la recuperación económica de países periféricos sólo será posible a través de la expansión de sus sectores modernos y un creciente suministro de bienes comerciables al mercado mundial. Pero ¿cómo podrían absorber las economías líderes estos bienes comerciables en sus mercados si se ven obligadas a limitar las importaciones para contrarrestar los desequilibrios externos? La solución de Rodrik a este dilema es que los países emergentes apliquen políticas explícitas que fomenten y diversifiquen su producción industrial y sus exportaciones y devalúen sus divisas. No obstante, hay que tener en cuenta que dicha estrategia implica el riesgo de un proteccionismo comercial cada vez mayor y las correspondientes contramedidas por parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La primacía de las finanzas

La actual crisis ha dejado al descubierto la realidad de la globalización, sobre todo la profunda integración de los mercados financieros internacionales. Como veremos más adelante, se sostiene con frecuencia que el proteccionismo en el comercio internacional es el principal riesgo para la globalización económica. Sin embargo, se puede afirmar que los fallos en el sistema financiero internacional suponen un peligro aún mayor para la globalización, así como para muchas economías nacionales. La experiencia reciente también nos indica que cada vez hay más propensión a protestar contra los fracasos del sistema financiero, como nos demuestran las multitudinarias manifestaciones de Hamburgo, Hong Kong, Reikiavik, Riga y otros lugares. La crisis del sistema bancario ha afectado a los particulares de un modo más rápido y directo que, por ejemplo, la caída de las exportaciones.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha elaborado un índice de estrés financiero para las economías emergentes, que ha sido publicado por primera vez en su World Economic Outlook de abril de 2009. El índice abarca desde 1996, y, como cabía esperar, muestra que el nivel de estrés en 2008 para las economías avanzadas y emergentes ha sido superior al de los años precedentes (sólo se acercó al nivel actual en 1998, cuando quebró la sociedad de gestión financiera LTCM).

La importancia del índice del FMI radica en que nos muestra cómo los vínculos propagan el incendio, es decir, lo rápida y sistemáticamente que el estrés financiero se ha propagado desde las economías avanzadas hasta las emergentes. Las teorías que hablaban de un desacoplamiento de los sistemas financieros nacionales, así como entre la economía real y la financiera, resultaron ser infundadas. Si los sistemas bancarios paralelos, que se basan en instituciones y redes no reguladas, han sido el principal problema en las economías avanzadas, la banca tradicional ha sido la primera culpable de transmitir la crisis a las economías emergentes. Las economías de Europa Central y Oriental han recibido préstamos de los bancos de Europa Occidental. El flujo neto de capital privado a los países de Europa Central y Oriental ha crecido desde 20.000 o 30.000 millones de dólares a principios del siglo xxi hasta los 340.000 millones de 2007, para descender hasta 250.000 millones en 2008.

Esto queda demostrado por el hecho de que a finales de 2007 los activos bancarios en el conjunto de las economías emergentes ascendían a un 2,5% del PIB de Canadá, Japón y Estados Unidos, mientras que la cuota correspondiente en Europa Occidental era del 10%. En Austria, el riesgo de crédito de los bancos de Europa Central y Oriental alcanzó a finales de 2008 un increíble 77% de su PIB, y en Suiza, un 13%. En términos concretos, bancos como el Raiffeisen de Austria y el Swedbank de Suecia han puesto en peligro su propia existencia por una imprudente política de préstamos a los países de Europa Central y Oriental y del Báltico, respectivamente. La materialización de esta pesadilla sólo ha podido evitarse en última instancia con la toma de una serie de medidas preventivas por parte de los propietarios de dichos bancos.

Evidentemente, la globalización económica siempre ha sido apoyada u obstaculizada por los políticos. La era de veinticinco años de globalización que ahora está en peligro fue lanzada por la liberalización de los flujos internacionales de capital en la década de los ochenta y la independencia de la mayoría de los bancos centrales respecto al control de los gobiernos. En lugar de apoyar la política económica nacional y el empleo, los bancos centrales concentraron sus esfuerzos en luchar contra la inflación con políticas monetaristas en un momento en el que el dinero era abundante y barato. Se esperaba que la liberalización de la cuenta de capital ofrecería nuevas oportunidades de eficiencia y productividad en una época en la que el mercado es el principal impulsor del reparto de capital. No hay ninguna garantía de que el dinero se destine a fines que promuevan un crecimiento económico sostenible a largo plazo.

Si las instituciones reguladoras nacionales no están a la altura, es muy probable que la repentina afluencia de capital internacional genere una burbuja en la que una divisa sobrevalorada y la desviación de recursos hacia bienes y servicios no comerciables, como balnearios y pistas de golf, minarán la línea de flotación de la economía productiva. Eso sucedió en Finlandia entre 1990 y 1993, cuando el país perdió un 13% de su PIB y la tasa de desempleo se disparó hasta el 20%. Los responsables políticos y las instituciones reguladoras no habían previsto la crisis inminente, y la economía finlandesa entró en caída libre. De aquella debacle sólo se pudo salir a través de duras medidas políticas que salvaron la economía pero ocasionaron perjuicios a largo plazo en forma de desempleo crónico y una generación de jóvenes perdida. Parece que la actual crisis económica de España o la crisis asiática de finales de la década de los noventa reflejan en muchos aspectos los mismos apuros económicos y financieros de la de Finlandia.

Al depender enormemente de las exportaciones, Finlandia está sufriendo la crisis actual más que casi ningún otro país de la Unión Europea. Se espera una caída del 6% al 7% del PIB en 2009. Por otro lado, a consecuencia de las lecciones aprendidas de la anterior crisis, los sistemas macroeconómicos y fiscales de Finlandia son mucho más resistentes a la recesión. De hecho, las experiencias finlandesa y sueca de principios de la década de los noventa les sirven a muchos gobiernos como patrón de las medidas a tomar. Los casos finlandés y sueco también demuestran que es posible recuperarse con cierto éxito de un profundo desastre económico como el que en estos momentos asola a la mayoría de las economías del planeta.

El precedente norteamericano

Durante los años de expansión y crecimiento, se bombeó liquidez en grandes cantidades a la economía mundial, y el boom resultante multiplicó las oportunidades de que unos se hicieran ricos, mientras que otros seguían siendo pobres. Era una sensación muy extendida la de que la globalización favorecía al capital más que al trabajo, y a los ricos más que a los pobres. La globalización se promovió mediante decisiones políticas para liberalizar y desregular la economía porque el mercado, supuestamente, se estabilizaría solo, sin pasar por la inflación ni la recesión. Alan Greenspan, que fue durante casi dos décadas presidente de la Reserva Federal, suele ser considerado como el padre de estas políticas relajadas. Es cierto que siempre fue un acérrimo defensor de una forma liberal de capitalismo en la que la propiedad privada y la competencia en los mercados fueran los elementos clave.

En sus memorias, La era de la turbulencia (2007), Greenspan admite todo esto, pero se lamenta también de que durante la administración de George W. Bush «dominaron las operaciones políticas». Es decir, el dinero público debía utilizarse en primer lugar para afianzar los objetivos políticos de los republicanos. No obstante, queda claro en sus memorias que Greenspan apoyó firmemente a Bush en sus ambiciosos recortes fiscales con la vana esperanza de que de ellos se seguiría una reducción del gasto público. Greenspan ahora está preocupado —con razón— por el vertiginoso crecimiento del déficit federal en la era Bush, y alaba a Clinton por su superávit presupuestario, aunque ve el déficit sólo como uno de los muchos factores que han contribuido al desequilibrio actual. Para él, ese equilibrio es una categoría compleja, y no «una medida nacional trazada por la soberanía». A pesar de las advertencias, la administración Bush y la Reserva Federal dirigida por Greenspan estaban al frente de Estados Unidos cuando había un amplio flujo de dinero y los dos déficits estallaron.

Estados Unidos fue el abanderado de la tendencia ultraliberal, seguido por la mayoría de los demás países industrializados. Algunas economías emergentes se resistieron a las formas extremas de liberalización y desregulación porque ya habían aprovechado antes el poder estatal en las políticas industriales para promover su modelo de desarrollo basado en las exportaciones. La principal ofensiva para debilitar la resolución de los países líderes en Asia de conservar el control político de la economía tuvo lugar durante la crisis asiática de finales de la década de los noventa. En aquel entonces, Estados Unidos y el FMI los presionaron insistentemente para que abrieran sus mercados financieros y renunciaran a controlar el capital. En consecuencia, la política controla ahora menos que antes de la crisis la economía en Corea del Sur y Taiwán (y sus políticas nacionales se han vuelto más volátiles).

En China el poder político sigue centralizado, pero sólo porque el gobierno no ha dejado de obedecer a las demandas del mercado en sus políticas económicas. Al igual que otras economías basadas en el comercio, China ha sufrido durante la presente crisis un importante retroceso de las exportaciones. En mayo de 2009 las exportaciones cayeron un 26% respecto al año anterior. Y, a pesar de ello, se prevé que su economía crecerá un 8% en 2009, lo que representa indudablemente la cifra nacional más alta del mundo. Esto es posible porque la demanda interior de China ha sido modesta, y el índice de ahorro, hasta de un 40% del PIB. Por otro lado, la deuda externa de China, de un 20% de su PIB, es muy baja, y unas reservas de divisas de unos dos billones de dólares crean un confortable colchón.

Usando la palanca económica de la que dispone el gobierno, Pekín puso en marcha en 2008 un fondo de estímulo de 585.000 millones de dólares, lo que supone un 13% del PIB. Una parte importante de este paquete está destinada a la inversión en infraestructuras, especialmente en la construcción de 26.000 km de vías férreas de alta velocidad. Se trata del proyecto de construcción más ambicioso del mundo, que no sólo va a sostener el crecimiento económico en el futuro, sino que además dará empleo a los trabajadores de los que han prescindido las industrias exportadoras. Por lo tanto, en un sistema de economía abierta, el Estado tiene que estimular la economía y, al mismo tiempo, evitar la inestabilidad política —el máximo temor del gobierno de partido único chino, ya que su monopolio del poder podría verse amenazado—. El caso chino demuestra que el capitalismo y la autocracia pueden convivir perfectamente, aunque en estas condiciones de crisis económica global también es necesario derivar esfuerzos hacia la política interior para contener la oposición al régimen.

La política de la globalización

La reciente oleada de globalización económica ha sido beneficiosa en muchos aspectos. Sin embargo, es poco riguroso atribuirle todo lo bueno que ha sucedido, desde el crecimiento económico hasta la paz. En efecto, la globalización económica no alcanzó esta nueva dimensión hasta la década de los noventa, como consecuencia de un comercio y unos flujos de capital más libres. El milagro económico de posguerra fue más una consecuencia de la transformación estructural de la mayoría de las economías. En los países de tradición industrial, primero se produjo el auge de la industria, y después llegó la transición a la economía de servicios. El vertiginoso desarrollo de las industrias básicas, sobre todo en Extremo Oriente, y su inmediata y simultánea transición hacia productos más elaborados explican su éxito económico. Sin duda, la globalización fue una condición necesaria, aunque no suficiente, para ese crecimiento económico sin precedentes. Ambas condiciones se cumplieron a través de avances cuantitativos y cualitativos de la industria, apoyados por una rápida evolución tecnológica.

Desde luego, no se puede negar que la globalización ha estimulado la productividad y el crecimiento, y, por ello, ha servido para aliviar la pobreza. Antes de que estallara la crisis actual, el mundo se encaminaba a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: reducir la pobreza a la mitad en 2015. Aunque la pobreza absoluta sigue siendo un problema omnipresente, especialmente en África y el sur de Asia, el auge económico ha tendido muchos puentes. Ahora los resultados están más mezclados, y, a consecuencia de la crisis, hay al menos 60 millones más de pobres en el mundo, de acuerdo con las estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La pobreza se había reducido en gran parte debido al crecimiento económico de China, aunque también se han observado mejoras en este sentido en otros lugares de Asia, así como en Latinoamérica.

Si el mundo hubiera estado organizado sólo en naciones-Estado, compitiendo y, a veces, colaborando entre sí, tal vez los índices de crecimiento económico habrían sido menores y las guerras entre naciones, más frecuentes. Son afirmaciones difíciles de demostrar, pero está claro que la humanidad se ha beneficiado con el abandono de los equilibrios de poder y las políticas proteccionistas tradicionales a favor de una situación más centrada en los mercados. Este argumento implica que las diferentes teorías hegemónicas y unipolares de cooperación internacional resultan inadecuadas en el mundo de hoy. Éstas sugieren que la predominancia de Estados Unidos puede aportar liderazgo y beneficios comunes al organizar la cooperación internacional, y que sin su papel central el mundo iría al caos. Es una idea ampliamente extendida la de que, tras la transición de la administración Bush a la de Obama, Estados Unidos volverá a asumir con pleno derecho su papel de organizador necesario de la cooperación multilateral.

Sin embargo, existen notables ejemplos contrarios en diferentes campos, como el libre comercio, el cambio climático, la paz y la estabilidad, en los que la hegemonía de Estados Unidos no ha sido capaz de aportar beneficios a la comunidad internacional. Esta conclusión no es sólo el resultado de los fracasos de la administración Bush, sino que se debe a una serie de circunstancias estructurales. Washington no tiene suficiente capacidad relativa ni bastante poder inteligente para persuadir a otros actores importantes de que acepten todas sus prioridades. No vamos a negar que Estados Unidos es la mayor potencia mundial económica y militar (un lugar que por el momento no puede ocupar ninguna otra posible coalición de potencias). Estados Unidos sigue siendo el eje de las relaciones internacionales, pero ya no tiene el poder de veto que anteriormente tuvo.

La globalización económica, los avances en la tecnología de las comunicaciones y la ampliación de la agenda global con nuevos temas han convertido la política en algo tan complejo que ninguna potencia puede aportar por sí sola un liderazgo continuado. Un gobierno global eficaz tiene que ser más representativo (participación de más países), más plural (las empresas y la ciudadanía deben desempeñar un papel) y más eficiente (en la consecución de resultados). Los estados son necesarios para perfeccionar el gobierno global, ya que sus presupuestos proporcionan recursos y sus parlamentos tienen que ratificar los tratados internacionales, pero el proceso deberá tener cada vez un carácter más multilateral.

Nuevas realidades económicas

Por otro lado, la apertura e integración de las economías nacionales y la consiguiente transición hacia una economía global han influido poderosamente en el modus operandi de las corporaciones transnacionales, y han facilitado una enorme expansión del sector financiero autónomo y transnacional. Las empresas industriales establecen redes de producción que atraviesan continuamente las fronteras, movidas por la ventaja comparativa transnacional, que ya no puede definirse en términos nacionales. La organización transnacional de la producción permite una mayor flexibilidad y asegura resultados más lucrativos, pero también exige nuevas maneras de tomar decisiones y gestionar la empresa. Las revoluciones tecnológicas en la informática y las comunicaciones han facilitado la descentralización de la gestión corporativa sin sacrificar su eficiencia.

Sin embargo, parece que esta tendencia está cambiando ahora. Los negocios seguirán desplazándose, sin duda, a las regiones del mundo en las que haya un crecimiento de la economía y, por tanto, de la demanda. Los aparatos electrónicos y las empresas papeleras son sólo dos ejemplos de categorías de producto en las que el consumo está subiendo, sobre todo en las economías emergentes de Asia, aunque también en Latinoamérica. La capacidad innovadora de la India y China está también en alza. En casi todos los sectores de la economía, las empresas transnacionales no pueden permitirse quedarse fuera de los florecientes mercados asiáticos.

La dimensión regional de la economía mundial se ha vuelto patente en la actual crisis. A pesar de que los líderes asiáticos no pueden sacar de la crisis por sí solos a la economía mundial, su rápida recuperación atrae el interés internacional. No se trata sólo del crecimiento sostenido en la India y China, sino de que países como Singapur y Corea del Sur también han recuperado una trayectoria de crecimiento. Un motivo importante para esta rápida recuperación parece ser la expansión del comercio intrarregional en el este y el sudeste de Asia. Ya se ha advertido debidamente que esta expansión se fundamenta en el comercio de repuestos y componentes que se transforman en productos acabados para el mercado en los países industrializados. Por lo tanto, para que se mantenga un crecimiento sólido en las economías emergentes es necesario que también se recuperen los centros capitalistas de la economía mundial. Sin embargo, este contraargumento parece olvidar que el consumo interior y las inversiones en infraestructuras en varios países de Asia están generando una dinámica de crecimiento genuinamente original en la región.

La tendencia hacia la regionalización de la producción y el comercio se ve influida también por factores externos a los negocios. Es probable que el precio de los combustibles siga subiendo, y eso no anima precisamente a depender de cadenas de suministro globales integradas, sino que favorece la subcontratación en países cercanos. Las demandas que plantea el control del cambio climático también fomentarán cadenas de suministro más concentradas, en las que la proximidad puede reducir los riesgos políticos y empresariales simultáneamente, como indica un reciente informe del Foro Económico Mundial. La reorganización de la cadena de producción de Opel, tras la cual el fabricante ruso de automóviles Gaz se ha convertido en uno de sus propietarios, parece reflejar este profundo cambio en las redes de suministro. El sector del automóvil en Alemania y Rusia se dirige hacia una mayor integración, como ya sucedió en Eslovaquia y la República Checa. Indudablemente, la integración del mercado global va a continuar, pero sus aspectos nacional y regional se van a acentuar en el futuro. Esta tendencia puede profundizar la disparidad entre regiones, ya que es muy probable que las compañías transnacionales bajen los precios que se paguen a los subcontratistas para poder mantener su propia rentabilidad.

El riesgo del proteccionismo

La reorganización espacial de las cadenas de suministro está íntimamente asociada con el problema del proteccionismo, que ya no es sólo un asunto comercial, sino que afecta de lleno a la inversión extranjera directa y los sistemas financieros. Los líderes políticos mundiales han prometido repetidas veces —como hicieron en Londres durante la cumbre del G20 de abril de 2009— no recurrir a medidas proteccionistas en sus políticas comerciales. Según un reciente estudio del Banco Mundial, prácticamente todos los gobiernos lo han estado haciendo en los últimos dos años. Muchos aún recuerdan la telaraña menguante que trazó Charles Kindleberger para describir el volumen de contratación de la economía mundial en los años treinta como consecuencia de la tasa Smoot-Hawley y otras medidas proteccionistas. En realidad, en la crisis actual el comercio mundial ha retrocedido más rápidamente que a comienzos de la Gran Depresión.

Por lo tanto, no hay que subestimar el riesgo del proteccionismo, que con facilidad acaba teniendo consecuencias negativas. Su extensión podría contribuir a una desglobalización económica. Abundan los ejemplos de medidas proteccionistas en ciertos países: Estados Unidos ha impuesto una tasa a las exportaciones chinas de neumáticos de bajo precio; los camiones mexicanos ya no pueden utilizar las carreteras norteamericanas a pesar de lo dispuesto en el TLC (Tratado de Libre Comercio de América del Norte); el gobierno surcoreano ha duplicado el importe de la tasas sobre determinadas materias primas; y en la India hay restricciones a la importación de productos chinos. No obstante, estos ejemplos particulares no deben nublar nuestra visión de la situación general. Sí, hay una tendencia al proteccionismo en el comercio mundial, pero aún es moderada, y se observa sobre todo en las políticas de los países en vías de desarrollo. En la Unión Europea se insiste repetidamente en que el mercado único interno, su mayor logro hasta el momento, no debe verse amenazado por medidas proteccionistas y subsidios que desvirtúen la competencia.

En un mundo en crisis, el comercio internacional obedece cada vez más a factores extraeconómicos. Tradicionalmente, la seguridad nacional era la principal restricción al libre comercio en sectores estratégicos, pero la gradual integración de los mercados de defensa a través de las fronteras ha reducido su impacto sobre las políticas comerciales. Ahora es el cambio climático la amenaza que se cierne sobre la política comercial. En concreto, Francia y Estados Unidos se han mostrado preocupados por el deterioro de su competitividad económica si los costes que acarrea a la industria la restricción de las emisiones de gases de efecto invernadero son explotados por las economías emergentes que opten por unos límites menos estrictos. Si las restricciones de las emisiones de gases de efecto invernadero no son universales, existe el riesgo de que las empresas transnacionales se dediquen al trueque ecológico, sobre todo en sectores intensivos en energía.

De hecho, se ha sugerido que la economía verde podría convertirse en el próximo campo de batalla comercial. Para situarnos en contexto, hay que saber que la amenaza del proteccionismo verde se está utilizando en estos momentos como una baza de negociación en el gran juego que lleva a la cumbre de Copenhague y un posible acuerdo pos-Kioto. La explotan los países de tradición industrial como contraargumento a las exigencias de algunas economías emergentes de que las compensen por sus restricciones sobre dichas emisiones. Después de todo, los países de tradición industrial han sido los primeros culpables del problema. En Copenhague, los principales asuntos políticos a tratar girarán en torno a la redistribución de la carga económica y las responsabilidades políticas en la lucha contra el cambio climático. Rara vez habían estado tan intensamente enfrentadas en el pasado las necesidades globales y las prioridades nacionales.

Un fenómeno nuevo y preocupante es la expansión del proteccionismo desde las relaciones comerciales hacia otras esferas de la economía. Los países en desarrollo, entre ellos Argentina y otros quince gobiernos, han preguntado a la OMC si los paquetes de estímulo económico y los planes de rescate financiero en el norte equivalen a proteccionismo, en cuyo caso se verían obligados a tomar las medidas oportunas. Esta consulta está justificada por el hecho de que muchas de esas medidas de estímulo contenían evidentes elementos proteccionistas. Los ejemplos concretos abarcan desde la cláusula Buy American (compre productos estadounidenses) introducida por la administración Obama hasta la exigencia del régimen de Sarkozy de que el dinero destinado al relanzamiento del sector del automóvil francés no se haga extensivo a sus subsidiarias en Europa Central y Oriental, pasando por la decisión del gobierno indonesio de que sus cuatro millones de funcionarios públicos usen únicamente calzado de fabricación nacional.

Aunque muchas de estas exigencias de preferencia nacional se hayan diluido bajo la presión internacional —en el caso de la cláusula Buy American, principalmente la de Canadá, aunque también la Unión Europea ha ejercido presiones—, es probable que los paquetes de estímulo distorsionen el comercio internacional y los hábitos de inversión durante los próximos años. Por ejemplo, las empresas canadienses y europeas no pueden participar en el programa de estímulo estadounidense, que asciende a 800.000 millones de dólares. La tendencia de muchas políticas económicas a favorecer los intereses nacionales se debe algunas veces al simple hecho de que, aunque los gobiernos quieran evitar las medidas proteccionistas por temor a represalias

—y por los compromisos internacionales adquiridos—, la decisión de cómo gastar el dinero del estímulo económico a menudo está en manos de las autoridades locales. Su preferencia natural será hacia contratistas locales, ya que las normas regionales que estipulan y fomentan reglas abiertas en las licitaciones públicas sólo existen en la Unión Europea.

¿Hacia una nueva divisa internacional?

Un modo aún más indirecto de practicar esta política de favorecer los intereses económicos patrios lo representan los intentos por afianzar la resistencia de los sistemas financieros nacionales. Hay dos maneras diferentes de conseguirlo: o bien los gobiernos invierten en los bancos y los nacionalizan parcialmente en la práctica durante un corto plazo de tiempo, o bien inyectan dinero en los bancos para reforzar su base de capital. En ambos casos se acentuará el factor nacional en la banca, donde hasta hace poco han predominado las operaciones transnacionales. No resulta difícil imaginar que en los bancos con apoyo a escala nacional se prestará mucha más atención a las necesidades financieras de las empresas nacionales y los ciudadanos particulares. Por supuesto que no nos cabe la menor duda de que el elemento global del sistema financiero conservará su fuerza en el futuro y los agentes encontrarán nuevos medios para operar a través de las fronteras. Sin embargo, no es fácil evitar la tendencia hacia la fragmentación de los sistemas financieros en líneas nacionales y regionales. Gillian Tett, del Financial Times, lo ha explicado así de manera sucinta: «el concepto de un mercado de capital global e integrado está siendo sometido a una renovada presión».

Una faceta de esta tensión es la intensificación del debate sobre el futuro del dólar como principal moneda de reserva. No es un asunto nuevo, sino que ha ido reapareciendo, como nos demostró Jonathan Kirshner, con sorprendente regularidad desde la década de los sesenta, cuando de Gaulle inició su ofensiva para limitar el papel del dólar. Hasta el momento, sin embargo, el dólar ha conservado su supremacía, aunque los crecientes desequilibrios en Estados Unidos pueden llevar al dólar por el camino de un largo declive. El proceso será político y financiero a partes iguales, y su resultado no va a significar la sustitución del dólar por otra divisa distinta. Desde el punto de vista político, sería conveniente tener en cuenta la opinión del premio Nobel Robert Mundell de que «las grandes potencias tienen grandes monedas». Si el dólar cae de un modo significativo, la condición de gran potencia de Estados Unidos también se tambaleará, aunque no se ve en el horizonte ninguna gran potencia alternativa con su correspondiente gran moneda. Por eso, cualquier alternativa seria al dólar como reserva internacional y moneda de referencia tiene que ser una especie de divisa negociada.

Recientemente, el director del Banco del Pueblo de China y la cumbre de países BRIC (Brasil, Rusia, la India y China), reunida en junio de 2009 en Ekaterinburgo, Rusia, han exigido la creación de una nueva moneda internacional que sustituya al dólar. Estas demandas fueron motivadas al menos por dos temas preocupantes. Primero, las economías emergentes quieren enviar a Estados Unidos una señal de que la era de la unipolaridad monetaria se acabará pronto. Quieren convertir gradualmente su éxito económico en cambios reales en los acuerdos globales políticos, institucionales y financieros. La redistribución del poder de voto en los organismos de decisión del FMI, cuya base de capital está a punto de triplicarse hasta alcanzar los 750.000 millones de dólares, será una de las primeras pruebas políticas del éxito de esta transformación. La pregunta clave será si las primeras potencias occidentales están dispuestas a renunciar a su poder de veto de facto en el FMI, así como si alguien aceptará reducir su propia influencia para satisfacer las legítimas demandas de las economías emergentes.

Otro de los motivos para pedir una divisa de reserva internacional alternativa es que los países con superávit, como China y Rusia, que poseen importantes reservas de dólares están preocupados por el futuro de su inversión. Los profundos desequilibrios en la cuenta corriente y el presupuesto federal de Estados Unidos, que ya están entre un 12% y un 13% del PIB, provocarán con toda probabilidad un debilitamiento del dólar, lo que a su vez podría perjudicar a los propietarios internacionales de bonos federales. Los fondos de deuda soberana (SWF) chinos ya han visto hundirse sus inversiones internacionales, y se han vuelto mucho más cautos, orientando, además, muchas de sus operaciones hacia el interior.

Los países con superávit tienen un interés natural por diversificar sus reservas de dólares en otras monedas. Sin embargo, el problema es que no existe una alternativa real en ese sentido. La más plausible sería el euro, pero de momento no puede ocupar el espacio del dólar. La propia Unión Europea está demasiado fragmentada, y parece tardar demasiado en recuperarse de los apuros económicos. Se han señalado como embrión de una nueva moneda internacional los Derechos Especiales de Giros (DEG) del FMI, pero hay algunos problemas. Aun con la nueva emisión, los DEG suponen como máximo un 5% de las divisas del mundo, y sólo los poseen los bancos centrales. Las empresas no pueden utilizarlos como medida de cambio, y no hay una bolsa ni un mercado de bonos organizados alrededor de ellos.

Un aspecto positivo de los DEG es que en realidad son una bolsa de diferentes divisas en la que la parte del dólar, un 44%, es inferior a la que posee en el mercado global de divisas, donde se sitúa alrededor de los dos tercios. La parte del euro es el 34%, y el resto se divide a partes iguales entre el yen y la libra. Para que los DEG se conviertan en una nueva moneda internacional, el FMI tendría que ser una institución con mucho más poder (esencialmente, un banco central del mundo). Ese cambio sería aceptable para las principales potencias económicas, pero no parece muy probable que fuera aprobado en el senado y otros centros de decisión estadounidenses. Estados Unidos lleva décadas beneficiándose del papel único del dólar como moneda internacional de reserva, lo que le ha permitido a Washington transferir sus problemas económicos a terceros países. Es poco acertado pensar que en medio de la actual crisis Estados Unidos vaya a renunciar a este privilegio, a menos que se vea forzado a ello por la apabullante presión de la realidad económica.

Eso no excluye cierta forma de acuerdo negociado. De los profundos desequilibrios macroeconómicos en la economía mundial se desprende un gran riesgo: la progresiva volatilidad de los tipos de cambio. Mientras el yuan chino siga anclado al débil dólar, la principal víctima de esa volatilidad será el euro. El Informe sobre comercio y desarrollo 2009 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) sugiere que los principales gobiernos deben tratar de llegar a un pacto sobre la estabilidad de los tipos reales de cambio. Dicho pacto ya se alcanzó en su día, en la década de los ochenta, con los acuerdos de Plaza y Louvre, e incluso podría aplicarse en las actuales circunstancias. Otras viejas ideas también han sido rescatadas, como la llamada tasa Tobin sobre transacciones financieras internacionales. La idea ha sido acogida con mucho desdén y escepticismo, sobre todo en el mundo de los negocios, pero es una propuesta seria de personas tan serias como Bernard Kouchner, ministro francés de Asuntos Exteriores, y lord Turner, presidente de la Autoridad Británica de Servicios Financieros.

La distribución de pérdidas y ganancias

En una economía globalizada, los costes políticos que impone la regulación estatal son vistos por las empresas como una desventaja, a pesar de que a menudo sirven al bien común. En parte a consecuencia de la presente crisis, la discrepancia entre el interés público y el beneficio privado parece ser cada vez mayor. En una economía de mercado desregulada, los beneficios que rinden los riesgos asumidos por los agentes empresariales son normalmente sólo para ellos. En cambio, si un negocio fracasa, los costes son a cuenta del contribuyente. Como veremos más adelante, no es de extrañar que la población se muestre cada vez más crítica con las empresas y sus líderes. Recientemente, la revista Fortune apuntaba que desde hace un tiempo está creciendo la tensión entre Wall Street y Main Street (1). En el debate público vuelve con fuerza la expresión robber barons (2), y existe una extendida convicción de que hay que limitar su codicia.

Pese a que la globalización impulsa la productividad y el crecimiento, lo que a su vez alivia la pobreza, sus mecanismos competitivos llevan a una desigual distribución de los resultados materiales. Prácticamente todos los estudios empíricos demuestran que el grado de desigualdad económica y social en el mundo es cada vez mayor. Los resultados concretos dependen mucho de los métodos y los datos que se utilicen. Por ejemplo, de si se trata de datos macroeconómicos o estudios locales, y de si los países se toman como unidades independientes o se considera la distribución entre varios de ellos. Debido a los altos índices de crecimiento en las economías emergentes y los índices más bajos en los países de tradición industrial, la distribución internacional de la riqueza se va igualando. Pero esto no significa, por supuesto, que algunos países no sean perdedores relativos, o incluso absolutos.

Sin embargo, esa ligera mejora en la igualdad entre naciones no puede aplicarse al conjunto de la población mundial. Al contrario, la desigualdad crece tanto dentro de cada país como entre la humanidad en su totalidad. Esto se debe más a la aparición de una nueva clase de ricos —e incluso multimillonarios— en las potencias tradicionales y las economías emergentes que a un masivo empobrecimiento de la población. Se debate continuamente si las crecientes disparidades económicas se deben al vertiginoso cambio tecnológico, que distribuye sus ventajas de forma desigual, o a la globalización económica, que convierte el mundo entero en un gran mercado. Probablemente, estos cambios interactúan en la realidad, pero no hay que ignorar el impacto de la globalización, que ha inclinado claramente la balanza a favor de los réditos del capital frente a los salarios, lo que, en una economía desregulada, ha favorecido a las clases urbanas educadas y acomodadas. Sin duda la caída de la bolsa ha dejado su huella en el patrimonio de los ricos, pero su reciente recuperación les ha devuelto parte de las antiguas ganancias.

Las desigualdades económicas son anteriores a la actual crisis financiera y económica, pero ésta ha exacerbado la realidad y la percepción de dichas desigualdades. Las encuestas realizadas por el Servicio Mundial de la BBC y Financial Times/Harris durante los últimos años corroboran esta apreciación. En el muestreo hubo algunos países, como Brasil, Indonesia, Filipinas y Turquía, en los que los participantes pensaban que la globalización avanzaba de forma demasiado lenta. Y —lo que resulta bastante significativo— en ninguno de los países de tradición industrial se expresó preocupación por la lentitud de la globalización, sino más bien al contrario: sobre todo en Francia y España, casi dos tercios de la población piensa que la globalización avanza demasiado rápido. Para complicar aún más las cosas, las respuestas en China y Egipto indicaban una tendencia bastante parecida, a pesar de que en China el 84% señalaba importantes mejoras (los datos son de 2007). Y no ha sido ninguna sorpresa que la percepción más extendida de un empeoramiento en las condiciones económicas se haya encontrado en Italia, donde esta opinión era suscrita por el 86% de la población.

En todas las encuestas, la mayoría de la población de casi todos los países opinaba que las desigualdades económicas y sociales eran mayores, y que los triunfadores de los negocios recibían recompensas demasiado generosas. Debemos recalcar que estos resultados fueron obtenidos antes de que se desatara la presente crisis, de ahí que sean indicativos de la existencia de un fenómeno social profundamente arraigado. Este fenómeno parece estar asociado al relativo empobrecimiento de muchos segmentos de la clase media que no han percibido ningún beneficio de la globalización pero sí han sufrido recortes en el estado del bienestar (profesores, investigadores, sanitarios, etcétera). La clase media, en parte debido a su heterogeneidad, reacciona tarde a las nuevas realidades, pero su sentimiento de penuria económica parece ser una condición estructural.

Estas píldoras de información sugieren que la opinión pública sobre los efectos de la globalización económica es un fenómeno complejo y muy diversificado. Las protestas contra reuniones de organismos internacionales en Seattle, Génova y otros lugares han sido en gran medida acontecimientos mediáticos con una influencia muy limitada sobre la amplitud de ramificaciones sociales y políticas de la globalización. El problema real parece ser que la inquietud expresada por la opinión pública frente a la globalización no está dirigida contra la economía de mercado o el capitalismo como tales, sino contra sus consecuencias sociales. Tan sólo en un puñado de países, entre ellos Australia, Canadá y (sorprendentemente) Nigeria, se considera que la economía es justa. La opinión predominante es que la distribución de beneficios y cargas de la globalización es desigual e injusta. Este estado de cosas nos ayuda a comprender por qué el llamado modelo nórdico se ha vuelto tan popular últimamente entre los políticos, y hasta en el mundo de los negocios. Este modelo ofrece una posible solución, al combinar una economía estatal y abierta, integrada en el mercado mundial, con los servicios propios del estado del bienestar frente a la enfermedad, el desempleo o cualquier otra desgracia.

Conclusión

Parece evidente que la globalización económica se ralentiza. El comercio mundial se reduce, y los flujos internacionales de capital privado se sitúan muy por debajo de los niveles anteriores. Podemos afirmar, desde luego, que estos fenómenos no son más que una aberración transitoria ocasionada por la crisis financiera y económica, que reduce la demanda y hace que los bancos se muestren reticentes a mover el capital. Cuando la economía empiece a recuperarse, la globalización continuará sin pausa. Una opinión alternativa sostiene que las tendencias hacia la desglobalización, como el refuerzo del poder estatal, el proteccionismo comercial y el nacionalismo político, son una condición mucho más permanente. La interdependencia económica transnacional impulsada por la globalización pone límites al retorno a las políticas nacionales, pero aún no tiene el poder suficiente para impedirles a los políticos organizar el mundo. La desconfianza de la clase media hacia la globalización y la desigualdad favorece la politización del problema.

Personalmente, me atrevería a aventurar que, una vez que la presente crisis haya pasado y se inicie una lenta recuperación, continuará la globalización del comercio, la inversión y las finanzas. Se ha invertido demasiado capital político y empresarial en la globalización, y son tantos los grupos de influencia que se han beneficiado de ello, que no parece fácil detenerla. El gobierno global de la economía mundial se va a reestructurar. El G20 está integrado por un círculo más amplio de corresponsables políticos, existe el compromiso de concluir la ronda de Doha en 2010, se impondrán restricciones a las instituciones financieras internacionales y hay una clara intención de eliminar los peores excesos del capitalismo financiero y establecer nuevos controles. Éstas y otras reformas renovarán las referencias normativas, las instituciones internacionales y las prácticas políticas, pero no va a resultar fácil crear un nuevo marco para la globalización. Cuando haya pasado la crisis, el proceso seguirá más o menos como antes. La actitud de los banqueros, incluso en estos momentos, demuestra que no hay perspectivas de un cambio fundamental en su modus operandi.

No obstante, debemos recordar que la globalización es un proceso muy complejo y poco uniforme que produce resultados contradictorios, lo que resulta en un continuo diálogo entre sus defensores y detractores, con cada grupo percibiendo la realidad a su manera. La consecución de las oportunidades de beneficio por parte de las empresas está asociada, a los ojos de las clases media y baja, a una pérdida de poder adquisitivo y una creciente desigualdad. El carácter no uniforme de la globalización implica que siguen coexistiendo zonas de estabilidad e inestabilidad, y que sus diferencias podrían agudizarse. Se estima que cerca de una cuarta parte de los estados del mundo han fracasado o corren ese riesgo. Es poco probable que estos estados puedan integrarse en la economía global de una manera equilibrada y constructiva. Es mucho más probable que sean o acaben siendo focos de represión política, conflictos militares y terrorismo. La comunidad internacional tiene que destinar recursos políticos y materiales para evitar la extensión de estos males, promoviendo un gobierno global positivo e incluyente, algo que necesitamos urgentemente en la actual etapa de crisis económica.

Notas

1. La expresión Main Street alude al hombre de la calle [N. del T.].

2. Literalmente, barones ladrones. Empresarios sin escrúpulos o delincuentes de guante blanco [N. del T.].

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